Derechos humanos, democracia y elecciones en Brasil

Decir que Brasil es el “gigante sudamericano” es un lugar común, pero justificado: es el país más poderoso militar, económica, territorial y demográficamente de nuestra región.

Lamentablemente, durante este último año también se ha destacado por ser el país de América Latina con el mayor número de muertos por la COVID-19. De hecho, es el segundo del mundo, solo superado por Estados Unidos.

Algunas personas culpan de esta tragedia al presidente Jair Bolsonaro, que ha tenido desde el inicio de la pandemia una actitud contraria a la precaución con la que la mayoría de los gobiernos del mundo han enfrentado esta enfermedad.

De una parte, Bolsonaro ha despreciado públicamente la COVID-19 —“não vai ser uma gripezinha que vai me derrubar”, declaró en marzo de 2020— y a quienes pedían tomar medidas más estrictas para contener el contagio. Por otra parte, ha propuesto tratamientos médicos que no solo son inefectivos contra la enfermedad, sino que ponen en riesgo la salud y la vida de quienes los siguen.

El saldo de esta pandemia en Brasil es hasta ahora de más de 20 millones de personas contagiadas, de las cuales han fallecido 560.000. Esto, en un país con una población de poco más de 211 millones de habitantes.

Antes de la pandemia, Brasil ya era uno de los países más violentos y con una de las situaciones de violación de los derechos humanos más preocupantes del mundo. Los dos fenómenos se derivan en parte de la acción de las organizaciones criminales que operan en las principales ciudades del país —como Río de Janeiro y Sao Paulo — y de las acciones de los agentes del Estado.

Brasil tampoco se ha destacado en los últimos años por su estabilidad política.

Luiz Inácio da Silva, más conocido como Lula da Silva, quien fue presidente durante dos cuatrienios consecutivos entre 2003 y 2010, resultó envuelto en varios escándalos de corrupción. Acusado de recibir sobornos de las constructoras OAS y Odebrecht, Lula recibió dos condenas por las que estuvo en la cárcel entre 2018 y 2021. En marzo de este año, un juez de la Corte Suprema de Brasil anuló las dos sentencias. Esta decisión judicial no solo le devolvió a Lula su libertad, sino que lo habilitó para ser candidato en las elecciones presidenciales de 2022.

Dilma Rouseff, copartidaria de Lula y su sucesora en el Palacio de Planalto —el palacio presidencial brasileño— no pudo terminar su segundo periodo de gobierno. En 2016, el Congreso la sometió a un juicio político por haber violado normas en la presentación de información fiscal. Como resultado de este juicio, Rouseff fue destituida y reemplazada por Michel Temer, quien ocupó la presidencia hasta 2018, año en el que le entregó el poder a Jair Bolsonaro.

En medio de esta coyuntura en la que convergen la crisis sanitaria, de derechos humanos, económica y política, Brasil se prepara para elegir presidente en 2022.

Para analizar la situación actual en Brasil, así como para aclarar su panorama político de cara a las elecciones del próximo año, nos acompañan desde ese país las profesoras Camila Braga Maceido y Marilia Souza Pimienta.

Este es el cuarto y último episodio de la serie que dedicamos a los derechos humanos y la democracia en América Latina.

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