Hungría: populismo en el corazón de Europa

¿Es Hungría una dictadura en medio de la Unión Europea? En esta entrada, Kelly Arévalo analiza qué tan democráticas son las decisiones recientes del Gobierno de Viktor Orbán, el primer ministro de ese país.

Kelly Johana Arévalo Franco

Becaria e investigadora del Centro de Estudios y Servicios India Contemporánea y Asia Meridional (CESICAM) y docente de FIGRI.

Candidata a Magíster en Relaciones Internacionales en Central European University.

@kellyarevalofr | kelly.arevalo@uexternado.edu.co

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Viktor Orbán, primer ministro húngaro, y sus controversiales decisiones han encendido las alarmas en la Unión Europea

El bloque político más grande del Parlamento Europeo, el Partido Popular Europeo PPE, suspendió en marzo de 2019 al partido Fidesz del Primer Ministro húngaro, Viktor Orbán. Esta medida se lee como una acción de los legisladores para abordar a los grupos populistas en Europa, y más aún con su ratificación por término indefinido en 2020. El PPE ha condenado claramente la campaña anti-Bruselas de Orbán y su partido político, la que incluye comentarios despectivos sobre otros miembros del EPP y la expulsión de la universidad financiada por el filántropo George Soros.

Esto supone una encrucijada para el PPE. Tomar medidas más fuertes, como la expulsión de Fidesz, podría llevar al partido a unirse con otras colectividades, como Identidad y Democracia, que se caracterizan principalmente por su escepticismo frente a la Unión Europea; por otro lado, podría aliarse con partidos populistas y de extrema derecha, aunque esta última alternativa es poco probable por los resultados de las elecciones al Parlamento Europeo de mayo de 2019.

Lex CEU

En 2017, el gobierno del Primer Ministro húngaro Viktor Orbán, aprobó una enmienda a la Ley de Educación Superior. Esta enmienda requería suscribir acuerdos bilaterales entre Hungría y los países no pertenecientes al Espacio Económico Europeo (EEE) de los que provinieran las universidades extranjeras que funcionan en ese país. Lo que genera suspicacias frente a esta decisión, conocida popularmente como Lex CEU, es que esta modificación afecta únicamente a la Universidad de Europa Central (CEU por sus siglas en inglés), fundada y financiada por George Soros, a quien el gobierno de Orbán acusa de organizar la migración a Europa.

En diciembre del mismo año, la Comisión Europea llevó a Hungría a los tribunales, argumentando que tal enmienda restringía desproporcionadamente las operaciones de las universidades de la UE y no pertenecientes a la UE, contraviniendo las disposiciones de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea relativas a la libertad académica, la libertad de fundar instituciones de educación superior y la libertad para hacer negocios, e incluso infringe las normas de la OMC. En consecuencia, el pasado 6 de octubre el Tribunal de Justicia de la Unión Europea anuló la ley de educación húngara que llevó a que CEU se mudara de Budapest a Viena en 2019. Esto configuró la primera expulsión de una universidad en la Unión Europea.

Parcialmente libre

Esta polémica decisión no es un hecho aislado. El fallo responde a uno de los muchos asuntos que ha generado molestia en la Unión Europea, por ejemplo, las fuertes posturas de Viktor Orbán sobre la migración y las minorías, así como las medidas para aumentar el control estatal de los tribunales, los medios de comunicación y las ONG. De acuerdo con el más reciente informe sobre derechos políticos y libertades civiles de Freedom House (2020), Hungría se clasifica como “parcialmente libre”, con una puntuación de 70 sobre 100, convirtiéndose en el primer y único país de la UE que no está clasificado como libre.

El reporte justifica la nueva calificación de Hungría con los continuos ataques a las instituciones democráticas del país por parte de Fidesz, que ha utilizado su mayoría parlamentaria para imponer restricciones o afirmar su control sobre la oposición, los medios de comunicación, los grupos religiosos, la academia, los tribunales, los solicitantes de asilo y el sector privado.

Budapest bajo decreto

Si bien la mayoría de los gobiernos europeos han tomado medidas draconianas frente a la pandemia por el Covid-19, como la imposición de cuarentenas y el despliegue de tropas en las calles, en Hungría esto ha servido como una oportunidad política para Orbán. La “Ley de protección del coronavirus”, vigente entre marzo y junio de 2020, permitió al Primer Ministro Orbán gobernar por decreto, lo que aprovechó no solo para establecer medidas relativas a la pandemia, sino también para restringir el trabajo de la Justicia, la protección de datos, la libertad de información y otros derechos ciudadanos. Adicionalmente, la Policía podía efectuar en cualquier momento y lugar controles personales, y el Ejército gozaba de atribuciones policiales.

La Constitución húngara establece que la duración de la declaratoria del estado de emergencia por un periodo de 15 días y cualquier prórroga debe ser aprobada por el parlamento. Sin embargo, la Ministra de Justicia, Judit Varga, presentó un proyecto de ley para que las prórrogas sean iguales al tiempo que el gobierno considere, pero este no recibió el apoyo necesario.

Para la oposición, la declaratoria de emergencia prende alarmas. Con la crisis migratoria que estalló en Europa en 2015, Orbán ha prolongado la situación de crisis declarada por primera vez en ese mismo año y que hoy tiene prácticamente selladas las fronteras para los solicitantes de asilo.

Conclusión

Hungría y su futuro representan un desafío para la Unión Europea. El partido de derecha de Orbán ha estado en el poder desde 2010, y su mayoría absoluta en el parlamento le ha permitido cambiar la ley electoral a su favor y poner a los medios independientes bajo su control.

Es claro que Hungría ya no es considerada una democracia y esto no solo afecta el estado de derecho sino también los valores fundacionales de la Unión Europea. Acá lo importante es articular medidas efectivas y no generar un mayor escepticismo de los europeos frente a la Unión, como en el caso de la Lex CEU, de forma tal que se preserve un equilibrio entre pesos y contrapesos que sirvan de garantes del respeto de los derechos y libertades que se vienen afectando.