26 de junio de 2020
Post COVID-19: inmersión en la sociedad civil global
Margarita Marín resalta el aporte de las organizaciones de la sociedad civil en coyunturas como la crisis actual, generada por la pandemia, y vislumbra su papel para el post COVID-19.
Erli Margarita Marín-Aranguren
Profesora titular de FIGRI e investigadora del CIPE. MA en relaciones internacionales y Magíster en estudios políticos
@sociedadcivil13 | erli.marin@uexternado.edu.co
En momentos de crisis, se suele hacer referencia a la ayuda humanitaria que, generalmente, emana de las organizaciones no gubernamentales (ONG): de asistencia humanitaria, medioambiente, derechos humanos, desarrollo, según sea el caso. De hecho, la ayuda es la principal la acción de la mayoría de las ONG en el mundo. A lo sumo, algunos amplían el horizonte y reconocen las acciones desde las fundaciones (familiares, empresariales, independientes). No obstante, en momentos de pandemia, como la que genera el Covid-19, se precisa una inmersión en la amplia gama de organizaciones de la sociedad civil. Más allá del papel que están desempeñando en la crisis, la invitación es a reconocerlas como agentes de desarrollo, tal como ha quedado establecido desde 2005, en la Declaración de París sobre la Eficacia de la Ayuda al Desarrollo.
Podría decirse que estos agentes, cualquiera que sea su conformación jurídica, bajo la denominación en la que sean reconocidos (fundación, asociación, corporación, cooperativa, alianza, red, movimiento, sindicato/unión, etc.) han sido los de mayor resiliencia y longanimidad. Alrededor del planeta, las organizaciones de la sociedad civil, en general, están presentes y activas y, las organizaciones de ayuda humanitaria, en concreto, son las primeras en “impulsar nuevas iniciativas que respalden los sistemas médicos estatales en todo el mundo, creando fondos nacionales de emergencia, asociándose entre sí para canalizar las donaciones, prestando asistencia en los hogares de ancianos y otras instalaciones mediante su apoyo técnico y sus equipos médicos”. Muy a pesar de la desaparición que pronosticó David Rieff, cuando consideró que, en el siglo XXI, la ayuda humanitaria se concentraría en los Estados y en los organismos intergubernamentales.
Lo concreto es que, en las diferentes situaciones de crisis (humanitaria, por desastre natural, por vulneración de derechos humanos, entre otras) que se han afrontado en el mundo, emerge la importancia y la cercanía de este agente. Lo que es más, en el Barómetro de Edelman, que mide la confianza en las ONG, el gobierno, las empresas y los medios de comunicación, se destaca que, entre las cuatro instituciones, los índices más altos los ostentan las ONG.
Han sido referente
Ello explica por qué, al inicio de este año (2020), varias organizaciones internacionales no gubernamentales participaron en el diseño del Plan de Respuesta Humanitaria Global de las Naciones Unidas. En marzo, varias de ellas ya trabajaban en su implementación, de manera coordinada y colaborativa con las diferentes agencias de las Naciones Unidas. Para algunos, esto no resulta extraño, pues las organizaciones de ayuda humanitarias lo que tienen es gran entrenamiento para operar en contextos difíciles (conflictos, guerras, desplazamientos, hambrunas, entre otras). Ellas (basta mencionar algunas como: Cruz Roja, Media Luna Roja, Cristal Rojo, Médicos Sin Fronteras, Acción Contra el Hambre, para no extenderme en una interminable lista) tienen bastante experiencia para afrontar situaciones de crisis.
Es por ello por lo que, algunos no dudan en reconocer la oferta de valor que tienen y que se destaca como en ningún otro agente (público o privado). El lector puede considerar que, en lo público, los hacedores de política son los llamados a actuar en primera línea. No obstante, en crisis o no, algunas de las medidas tomadas, en algunos Estados, no necesariamente responden a decisiones de política ni consideran el bien general, sino que atienden intereses particulares argumentando “demandas del mercado”.
Ante la pandemia que nos ocupa, académicos y generadores de opinión pública han advertido sobre las falsas dicotomías. Los políticos tienden a tomar medidas efectistas, como si la situación se solucionara optando por una decisión antes que por otra. Algunos gobernantes aprovechan la pandemia y ponen en peligro la democracia. La lista de los que recurren a la excepcionalidad y aprovechan para volverse más autoritarios ya es larga. Ellos les restan importancia a las autoridades regionales y locales, y suprimen los derechos y libertades individuales, pero las organizaciones defensoras de los derechos humanos han estado prestas a denunciar. Siguen haciendo monitoreo y con el foco puesto en la protección de ciudadanos.
El estrechamiento de espacios cívicos
Como quiera que sea, las organizaciones de la sociedad civil, en desarrollo del accountability social generan procesos de mediatización, buscando que haya más información de lo que sucede tras bambalinas. Cada vez se integran más con los medios de comunicación masiva y trabajan desde las nuevas redes sociales para ejercer la función de comunicación pública e incidencia. Esta es una de las siete funciones que cumplen estos agentes, pero que tienden a invisibilizar para neutralizar las protestas ante el estrechamiento de los espacios cívicos que suceden alrededor del mundo. Por su parte, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) ha denunciado la falta de garantías para contar con las condiciones mínimas para hacer referencia a una libertad de prensa.
En ocasiones, los tomadores de decisiones quedan obnubilados en las competencias del Estado. No obstante, cada vez hay más estrategias para participar en los procesos de toma de decisiones. Las organizaciones trabajan por la inclusión de herramientas y la apertura de espacios democráticos. En los organismos multilaterales hay más colaboración, hay redes y herramientas para informar y trabajar en alianzas multiactor.
Ahora bien, en el caso de la COVID-19, las organizaciones de la sociedad civil siguen involucrándose en los procesos de toma de decisión. No solo en el ámbito internacional, también actúan en los territorios nacionales. El proceso no ha sido fácil. Los informes de Civicus dan cuenta del estrechamiento del espacio cívico o del limitado ambiente habilitante para el ejercicio pleno de derechos de las organizaciones de la sociedad civil. Las restricciones no solo se registran en países como Colombia, donde los líderes sociales y hasta quienes toman parte de protestas pacíficas son señalados, perseguidos y asesinados.
La experiencia les da autoridad
Aun con limitaciones en alguna o en todas las dimensiones del entorno habilitante (derecho a asociarse, garantías para el funcionamiento, acceso a recursos, libertad de expresión, derecho a la reunión pacífica, garantía para el desarrollo del rol político, sistema impositivo, derecho al acceso a la información pública), ellas son las primeras en responder a los desafíos con empatía y solidaridad.
En India, por ejemplo, la ayuda de las organizaciones ha superado el nivel de lo proporcionado por el Estado, al decir del director ejecutivo de RACI, Guillermo Correa. Las lecciones de otras crisis sanitarias como la del ébola, las tienen a flor de piel organizaciones como Médicos del Mundo, que saben que “el aislamiento hospitalario y comunitario deben ir alineados”. Precisamente, esa experiencia las reviste de autoridad y hoy asesoran a autoridades estatales y a centros sanitarios en diferentes Estados. Es el caso de Farmamundi y Funden en España o de Amref Health Africa, que asesora a ministerios de Sanidad en África, al Centro Africano para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) y a la OMS. Sin embargo, son muchos más los que ignoran a otros expertos humanitarios cuando alertan sobre las crisis paralelas por: el dolor humano, el miedo, propagación de noticias falsas, la descoordinación entre autoridades (locales, nacionales, regionales y globales).
Lo cierto es que no solo las organizaciones de ayuda humanitaria sino el conjunto de lo que algunos autores denominan el tercer sector, advierten, denuncian y trabajan en medio de la situación. Sus acciones están en función de la reparación y la transformación. Son empresas con propósito y al servicio de los ciudadanos, para el cuidado de los bienes públicos comunes. Más que operadoras de proyectos, muchas organizaciones son complejos centros de pensamiento que procesan información de manera transdisciplinar.
Producen informes fundamentales para los procesos de toma de decisión. Es el caso de Equitas, cuando revela la precariedad que existe en los cementerios colombianos para afrontar la pandemia y, advierte sobre las dificultades para lidiar con los cuerpos de personas no identificadas (PNI) y con las identificadas sin reclamar (PINR), en los municipios de mayor contagio. Equitas, que tiene estatus consultivo en el ECOSOC, va más allá: hace propuestas para la inminente protección en cementerios de gran ocupación o saturación e indica posibles dificultades para el desarrollo de los procesos de verdad, justicia y reparación. Es también el caso de World Vision, que denuncia el incremento del trabajo infantil en África y Latinoamérica, ante el aumento de vulnerabilidad por la COVID-19.
Las nuevas expectativas
Los roles de las organizaciones sociales, como menciona la prensa, o de las organizaciones de la sociedad civil, desde la ciencia política y desde las relaciones internacionales, no son únicos ni estáticos, y producen efecto cascada. De ahí que su participación en los escenarios nacionales y multilaterales tiende a ampliarse. Ellas desempeñan roles de vigilancia y control, a la vez que están llamadas a rendir cuentas no solo a sus financiadores sino la población general. No puede ocultarse que, por su irrupción, hay un tira y afloje en todos los continentes. En unos más que en otros, es una realidad. Incluso, en ocasiones, ser parte de una organización de la sociedad civil es considerado un honor.
Recientemente, así lo presentaron los medios de comunicación al indicar que Juan Manuel Santos, el expresidente colombiano, había sido llamado a integrar la junta directiva de una de las organizaciones filantrópicas más importantes del mundo: la fundación Rockefeller. Algunos seguramente sabrán que él es miembro del consejo de la Fundación Compaz, que creó para promover la construcción de paz con los recursos obtenidos del Premio Nobel de Paz. También es miembro de la junta directiva de International Crisis Group. Lo concreto es que son organizaciones que cuentan con la autoridad suficiente para incidir en decisiones, a manera de recomendaciones.
No obstante, el camino de estos agentes de desarrollo ha tenido dificultades en estos tiempos de la COVID-19. También ha mostrado deficiencias, fragilidades y fisuras. Muchas han visto disminuidos sus recursos, algunas incluso no han podido operar en los territorios, otras tantas se han quedado sin voluntarios.
Así que, aún con la flexibilidad a la que están acostumbradas y la tenacidad con la que se comprometen, ellas también están repensándose. En términos de su propia articulación con los diferentes niveles de los Estados, y con los organismos intergubernamentales. Están en la búsqueda de nuevas preguntas post COVID-19, de reconceptualización de términos como: solidaridad, miedo, cuidado, impacto, entre otros. Muchas advierten ya nuevas formas de colaborar, intereses profesionales más cercanos para trabajar en la transformación, voces disruptivas, maneras innovadoras para la inversión con impacto social, reverdecimiento de la cultura filantrópica con matices propios del siglo XX.
Para la Asamblea General de las Naciones Unidas, que tendrá lugar del 24 al 30 de septiembre de 2020, no cabe duda de que las organizaciones de la sociedad civil jugarán un rol destacado. Hoy, son referentes en cada una de las prioridades que Volkan Bozkir, presidente de la sesión, ha señalado: el multilateralismo, el 75 aniversario de la ONU, un enfoque especial en los más vulnerables y la igualdad de género, y la COVID-19. Todo ello, en un llamado a la reforma de la institución que alcanza los 75 años y sigue catalogada como la “defectuosa e indispensable”, como dijera Barack Obama.
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