10 de junio de 2021
Resultados electorales en Perú y la incertidumbre como promesa
Los resultados electorales de Perú reflejan la división económica, social, de género y racial de ese país. El reto del próximo gobierno es, precisamente, desarrollar políticas que beneficien a toda la población.
Aldo Miguel Olano Alor
Docente de relaciones internacionales de FIGRI e investigador del Observatorio de Análisis del Sistema Internacional (OASIS). Doctor en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador, y Maestro en Ciencia Política con énfasis en Política Comparada de los Países Andinos por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, también en Ecuador.
Aunque no se tienen los resultados definitivos de la segunda vuelta electoral realizada en Perú el domingo seis de junio, todo parece indicar que Pedro Castillo, del partido Perú Libre, se impondrá sobre Keiko Fujimori, representante de Fuerza Popular.
La victoria del profesor de una escuela primaria que se ubica en una alejada zona rural, integrante de las rondas campesinas que surgieron en Cajamarca durante la década del setenta del siglo pasado y fiel militante de una de las tantas iglesias cristianas que adelantan su labor en las zonas más desfavorecidas del país, requiere de un análisis a profundidad donde deberán incorporarse elementos de los más variados, los cuales, por razones propias de espacio, no podrán ser presentados. En todo caso y teniendo de por medio esta contingencia, pasamos a revisar algunos de aquellos.
La geoeconomía de las elecciones
En primer lugar, debemos tomar en cuenta la amplia votación obtenida por Castillo en 16 de los 24 departamentos que conforman el Perú, todos ellos ubicados tanto en la costa como en la sierra o en la Amazonía. Son territorios con una numerosa población que se dedica a las actividades agrarias de pequeña escala, las cuales fueron beneficiadas con las reformas de los años setenta cuando lograron acceder a la propiedad de la tierra, pero también cuentan con una fuerte presencia de actividades extractivistas, como la minería, los hidrocarburos o la agroindustria. Como suele suceder cuando se tiene el predominio de una economía basada en la extracción de materias primas, son regiones cuya población tiene los mayores indicadores de pobreza y también sufre de una histórica discriminación, ya sea por razones de carácter racial, educativo o porque hablan mal el castellano, tal como argumentan quienes se creen los guardianes del idioma.
Por su lado, Fujimori gana en nueve departamentos, de los cuales el departamento y la ciudad de Lima le otorgan casi la mitad de los votos obtenidos en todo el país. Esto vendría a ser una muestra de la alta concentración de electores en la capital del país, que refleja dos características de la política y la economía peruanas. Es en esta ciudad y región donde se realizan la mayor parte de actividades políticas, pues las instituciones del gobierno central se ubican allí, contando para ello con una estructura administrativa escasamente descentralizada. En segundo lugar, en Lima también realizan la mayor parte de sus actividades la industria, las finanzas y el comercio internacional, a las que se suman las grandes obras de infraestructura y la presencia de importantes centros de educación superior. Es decir, en esta ciudad-región se concentran las actividades económicas que se hacen llamar modernas, por ser las que tienen mayor productividad.
Una economía desarrollada para pocos
La configuración económica del Perú ha dado lugar a un par de situaciones que deben ser tomadas muy en cuenta para entender la votación de la segunda vuelta electoral.
El país se ha transformado en las últimas cinco décadas y parte de aquella transformación se explica, también, con las reformas económicas que se implementaron en la última década del siglo pasado. La prueba de ello es la aparición de un nuevo tipo de empresarios, las nuevas clases medias y clases populares urbanas cuyos identidades sociales y políticas son radicalmente distintas a las que hicieron presencia en la transición a la democracia en 1980. Lo anterior está muy asociado a la construcción de una economía marcada por la informalidad laboral, la cual sería el 70% de quienes allí participan, con las consecuencias ya conocidas de precariedad e inestabilidad en el empleo más el bajo nivel de los ingresos. Pero a su lado, la presencia aún muy importante de un empresariado bastante tradicional, las grandes familias herederas de una riqueza que se remonta a varias generaciones atrás, y que mantiene su fortaleza económica e influencia política por el control de parte importante de las actividades mencionadas líneas arriba, sobre todo en el sector extractivista, financiero y comercial.
Con unas estructuras políticas, sociales, económicas y culturales marcadas por una desigualdad que abarca los distintos ámbitos de la vida, se produce la epidemia de la COVID-19. Esta pandemia, la cual debemos verla como una contingencia por nadie prevista, es cierto, hizo visible una serie de problemas que ya se habían agravado en las últimas dos décadas. Por ejemplo, el acceso a una salud pública de calidad o poder contar con ingresos de emergencia ante el cierre de la economía. A pesar de que un par de acontecimientos producidos a finales del año pasado debieron ser vistos como una señal de alarma frente a los problemas ya mencionados, fueron dejados de lado por los encargados de administrar el Estado o por quienes controlan la economía en lo que debió ser la búsqueda de soluciones de fondo.
Todo esto no sería sino la materialización de lo que hemos considerado como ese profundo desencuentro entre lo institucional de carácter liberal y nacional, con unos sectores de la sociedad que ya no aguanta una situación muy difícil. Aquellos son los sectores que pocas veces son escuchados, si es que no recurren a mecanismos de presión, o cuyas opiniones nunca son tomadas en cuenta al momento de tomarse las decisiones con las que se dan forma a las políticas públicas. Junto a todo lo anterior, es bastante claro que la persistente corrupción a distintos niveles, la cual involucra sobre todo a clase política y empresarios abiertamente comprometidos con el proyecto fujimorista, se ha constituido en un factor que empodera a un candidato que ha hecho de lo humilde de su origen, de la ausencia de un plan de gobierno y de un equipo técnico de alta calidad, aspectos claves de su campaña electoral.
¿Qué se viene para el Perú con el nuevo gobierno?
Difícil saberlo, pero hay cosas que se pueden ir realizando sin necesidad de una nueva constitución y sin tener que afectar a quienes, por miedo a la inexistente amenaza comunista-castro-chavista, terminaron votando por Keiko Fujimori. Por ejemplo, se debe considerar muy seriamente la puesta en marcha de la anunciada segunda reforma agraria con enfoque territorial, la cual no consiste en adelantar la expropiación de tierras a gran escala, como algunos propagandistas mal intencionados vinieron propalando durante los últimos dos meses. Aquello ya se hizo desde 1969, lo cual ha llevado a que en el Perú hoy en día se tengan 2,2 millones de unidades productivas, y que el 81,8% de estas propiedades sean menores a cinco hectáreas.
Lo que se busca con la segunda reforma agraria es avanzar en la titulación de las tierras, que los propietarios —ya sean personas o comunidades campesinas— sean sujetos de crédito, apoyar fuertemente los canales de comercialización e impulsar la tecnificación productiva en aquellos territorios en los que sea posible realizarla. De igual manera, propone un manejo mucho más democrático en el acceso al agua y, por último, se trata de darle una mayor participación al trabajador agrario en los exitosos proyectos agroindustriales, los cuales y en su gran mayoría se ubican en la costa peruana. Así se estarían sentando las bases para la organización de una economía de mercados, tal como lo propone el plan de gobierno del candidato ganador.
Un segundo aspecto, a mi modo de ver impostergable, es impulsar la lucha contra toda forma de discriminación racial, sexual, cultural y lingüística aun existente en el país. Se necesita que por lo menos el quechua y el aimara, dos de los idiomas ancestrales, sean reconocidos como lenguas oficiales en los lugares donde se hablan, sí, pero que también sean incorporados en el currículo de los colegios públicos de todo el país. De igual manera, incrementar las sanciones contra los discursos y crímenes de odio, fortaleciendo la educación y administración de justicia con perspectiva de género.
Por último, sólo quisiera mencionar la importancia de pensar seriamente en un impuesto extraordinario sobre las ganancias de las empresas y de renegociar los contratos mineros, más ahora que se avecina un incremento en el precio de los metales en el mercado internacional y cuando el cobre, principal producto de exportación que tiene el Perú, pareciera que fácilmente va a duplicar su precio. Si los integrantes del G7, liderados por Estados Unidos, lo promueven como una forma de recaudar más impuestos como un acto de justicia redistributiva, ¿por qué no pensar en aplicarlo en un país como el Perú, que siempre se ha conocido como un país pobre sentado en una butaca de oro?
Frente a las dificultades que el nuevo presidente va a tener, aquí solo nos quedaría aplicar las enseñanzas contenidas en un viejo proverbio oriental: mucho más importante que conocer el camino, es empezar a recorrerlo. Ojalá se transite de manera adecuada por el bien de un país que tanto lo necesita.