3 de mayo de 2021

Convención de Naciones Unidas sobre tributación

¿Están dadas las condiciones para una política tributaria de alcance global?

Pío García

Doctor en filosofía y especialista en el pensamiento y la geopolítica de Asia.

Profesor e Investigador de la Escuela de Relaciones Internacionales – FIGRI

pio.garcia@uexternado.edu.co


En 2020, cuando el mundo iniciaba con optimismo la década hacia la conquista de los objetivos del desarrollo sostenible, se atravesó el nuevo coronavirus y lo trastocó todo. Aguó la fiesta aún antes de tener motivos para cualquier celebración. En vez de contribuir al logro de las metas, las retrasó de manera inmisericorde. En consecuencia, es poco probable que se alcance a cumplir uno cualquiera de los 17 objetivos en la fecha prevista. Entre las metas, se hallan erradicar la pobreza, hambre cero, servicio universal de salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, energía no contaminante y trabajo decente con crecimiento económico, entre otras. Si la economía global sufrió un bajonazo de cerca de 10 %, las metas de pobreza, educación, igualdad de género y empleo sufren entre 2020 y 2021 un retroceso de 2 décadas, por lo menos. Restablecer el proceso hacia un sistema mundial sostenible implica un esfuerzo mancomunado, de intenso liderazgo político y con coordinación multilateral, es decir, con la ONU a la cabeza.

La coyuntura actual es similar a las experiencias traumáticas del siglo pasado. En tres circunstancias fueron necesarias medidas extraordinarias. Fueron ellas las dos guerras mundiales y la gran depresión de 1929. En los tres casos hubo que recurrir al poder político en su mayor expresión y concertar entre rivales alrededor de valores superiores. Así fue como, en 1933, Roosevelt logró imponerse sobre un sistema corporativo monopolizado, para acometer el New Deal, que separó la banca de inversión de la banca comercial con la Ley Glass-Steagall, modernizó la administración pública, le inyectó vastos recursos públicos a la infraestructura y así pudo rescatar la economía estadounidense y estimular la recuperación global. En la guerra que vino enseguida, la alianza con la Unión Soviética selló el entierro de la aventura fascista.

La confrontación favoreció el encumbramiento político y la movilización de recursos extraordinarios. Durante la primera fase de la Guerra Fría, las presiones continuaron y dieron lugar a proyectos colosales —como la carrera espacial— y a canalizar recursos para el mundo en desarrollo. En el caso de Colombia, sirvió para sostener el Pacto del café, por ejemplo. La contribución corporativa durante ese tiempo fue ostensible. Al terminar la guerra, la tasa de imposición sobre las ganancias corporativas se situaba en 70 % en la mayoría de los países. Sin embargo, las gabelas para los inversionistas fueron en aumento continuo. En Estados Unidos, Nixon las bajó al 50 %, en 1970; en 1995, Clinton las recortó al 40 % y derogó la Ley Glass-Steagall; en 2005, Bush Jr. las redujo al 35 %. Para completar la cosecha de réditos, la administración Trump, en 2017, la situó en un mero 21 % (Hacker & Pierson, 2020). De ese modo, llegaba a su culmen el ideario neoliberal y su mantra de eliminar impuestos para robustecer la inversión y el desarrollo económico y social, o la teoría del “goteo hacia abajo” que nunca se pudo comprobar (Amadeo, 2021).

Sin duda, la recuperación pospandemia implica una economía de guerra. La contribución debe ser general, pero las cargas deben ser repartidas en términos de equidad. De lo contrario, la inestabilidad social y política hundirán los países en zozobra, uno a uno. Poner límites mínimos a los intereses corporativos es el gran desafío actual, sobre todo cuando tienen cooptado el poder político. Los ensayos recientes fueron dramáticos. Tras años de discusiones entre expertos y con insumos de la sociedad civil, Nigeria y Noruega presentaron en septiembre de 2020 un menú de opciones a los ministros de finanzas, con el fin de que estos avalaran una Convención de Naciones Unidas sobre justicia tributaria, que ha de abordar de manera integral la competencia desleal de los paraísos fiscales, controlar los abusos fiscales de las corporaciones multinacionales en detrimento de las arcas de los países pobres y frenar los flujos financieros ilícitos (Cobham, 2020). Por ejemplo, los provenientes del mercado de las drogas y la corrupción. La OECD se opuso al proyecto, y ese viejo anhelo quedó sepultado nuevamente.

Sin embargo, las circunstancias cambiaron en 2021. Una administración menos retardataria llegó a la Casa Blanca y reanudó los compromisos multilaterales de Estados Unidos, empezando por el retorno a la OMS y al Acuerdo de París sobre cambio climático. Ahora no se trata de financiar solo la economía verde, sino reparar el deterioro social causado por la COVID-19 y modernizar la infraestructura. Uniformar la imposición sobre las ganancias corporativas es ineludible. En esa línea va la propuesta que el presidente Biden y la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, llevaron al G-20, de estandarizar el impuesto al beneficio corporativo en los países del Grupo en 28 % -que para el caso estadounidense implica subirlo desde el 21 % actual-, y elevar el impuesto a la economía digital del 10.5 % vigente al 21 %.

Alcanzar un acuerdo en el G-20 y después convencer a la OECD vendría a ser el primer escalón hacia la tantas veces pospuesta Convención Tributaria, que ha de establecer medidas vinculantes para todos los países. De esa forma, el mundo tendría un nuevo bien público y la ONU una herramienta poderosa de gobernanza global multilateral.


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