19 de marzo de 2020

La frontera colombo venezolana ¿es un riesgo para Colombia?

En esta entrada, Marha Ardila analiza el reto del manejo de la frontera colombo-venezolana en la coyuntura actual de ausencia de institucionalidad entre los dos estados.

Martha Ardila

Politóloga y PhD. en Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Es Coordinadora del Grupo de Investigación del Observatorio de Análisis del Sistema Internacional, Editora de la revista OASIS, y Profesora Investigadora de la Universidad Externado de Colombia. Este artículo se escribe para Redintercol y Coordenadas Mundiales de la Universidad Externado de Colombia.

@marthaardila20 |  martha.ardila@uexternado.edu.co

La ausencia de institucionalidad entre Colombia y Venezuela es un riesgo político que adquiere un carácter multidimensional al abarcar lo político, pasando por lo económico y lo militar hasta llegar a lo social y la salubridad. El no tener Embajador ni consulados, y ante la presencia del ELN en el vecino país, aumenta la incertidumbre y potencializa lo ilegal, en una región en la que, desde hace años, la seguridad fronteriza se convirtió en el eje de la relación bilateral. Pero esta es una situación en la que las relaciones binacionales siempre han sido un péndulo que se mueve entre la tensión y la cooperación coyuntural y vacilante.

Los 2.219 kilómetros de frontera colombo-venezolana no son homogéneos y contraponen soberanía y vacío institucional. Dentro de ella, podemos diferenciar diversos ámbitos territoriales con vulnerabilidades y sensibilidades propias. No es lo mismo la frontera en la Guajira, que en el Cesar-Perijá, o Norte de Santander-Táchira, o Arauca-Apure. Y diversos matices, también, de securitización: no solo la migración, el contrabando de gasolina, o el robo de ganado, o el crimen organizado, sino que ahora también, se presenta un problema de salud pública como el coronavirus, que debe ser coordinado entre los dos países. En cada zona fronteriza se observan conflictos económicos, político-militares, socio-culturales y jurídicos.

Las relaciones entre los dos estados se han venido deteriorando no solo desde el retiro de nuestro Embajador en Caracas en enero de 2018 sino que con la llegada de Iván Duque a la Casa de Nariño, la tensión y falta de institucionalidad se profundiza. El continuar con una política de aislamiento y asfixia del régimen de Maduro con la esperanza que colapse, para nada ayuda a mitigar una coyuntura como la actual. El presidente colombiano se niega a aceptar cualquier acercamiento gubernamental e institucional. Prueba de ello ha sido el caso de Aida Merlano, o el problema del coronavirus. Que no son ni los primeros ni los últimos, sino que habrá muchos más.

El cierre de la frontera no soluciona la problemática, ya que se calculan 150 pasos ilegales, que no son recientes en su mayoría, sino que por allí han transitado los maleteros y el contrabando que ha existido entre ambas naciones. En la actualidad, se requiere una cooperación como la que se dio con la Comisión Presidencial de Integración y Asuntos Fronterizos, COPIAF, o la Comisión Binacional Fronteriza, COMBIFRON. Ambas lograron “desgolfizar”, integrar los dos vecinos con la participación gubernamental y de actores diferentes al Estado, como los empresarios, alcaldes y gobernadores, que sobre todo, generaron mecanismos de confianza mutua.

¿Cómo coordinar y cooperar?

Teniendo en cuenta el autismo actual, dos opciones complementarias se presentan. La primera se orienta hacia la internacionalización de los gobiernos subnacionales, la cooperación entre las ciudades de lado y lado de la frontera, fomentando una institucionalidad diferente y por encima de la que brinda la diplomacia tradicional. Ya Keohane y Nye se refirieron a los canales múltiples de interconexión entre diferentes actores, y eso es lo que ha venido ocurriendo y que se debería profundizar ante la negativa de crear lazos institucionales entre los dos gobiernos.

Esta paradiplomacia favorece la internacionalización de las ciudades y regiones que ha venido creciendo sin articulación con sus propias cancillerías. Ni Colombia ni Venezuela la fomentan debido a la estrechez del régimen político a a su marcado centralismo. Pero en ocasiones como la actual, esta paradiplomacia transfronteriza, podría generar grandes beneficios en materia de cooperación, coordinación e inversión. Aquí el papel de los alcaldes, gobernadores y actores no-gubernamentales, resulta decisivo.

La segunda sería la búsqueda desde lo local de una cooperación orientada a la inmigración venezolana, a remediar en parte, problemas de salud, vivienda, educación e inserción laboral, la cual permitiría a Colombia, la creación de lazos y vínculos más sólidos con los huéspedes del vecino país, de una migración forzada que permanecerá por largo tiempo en nuestro país. Evitaría a su vez, esos brotes de xenofobia que crecen a pasos agigantados.

Ya en el pasado, la Comunidad Andina creo las Zonas de Integración Fronteriza (ZIF) y las redes de ciudades. En la actual coyuntura, buscaría complementar los servicios públicos y coordinar los recursos disponibles. En este sentido, la internacionalización de los gobiernos subnacionales –o paradiplomacia- y las ciudades visagra Cúcuta-San Antonio, Maicao-Paraguaipoa, Arauca-Arauquita-El Amparo-La Victoria-Guasdualito, Valledupar-Manaure-Machiques, Puerto Santander- Boca de Grita, y Saravena-El Nula- Cutufi, llevarían a una política pública más acorde con las necesidades fronterizas.

La ausencia de una política de Estado para esta frontera tan compleja, aumenta los riesgos políticos y hace un llamado a gritos para que el proyecto de Ley Migratoria que cursa en el Congreso sea una realidad que beneficie lo fronterizo y regional. La falta de canales de comunicación institucional entre ambos países crea un terreno propicio para la violencia y la inseguridad que abonan la frontera colombo- venezolana, y para un mayor riesgo político.


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