19 de abril de 2021

Las drogas en Colombia, un problema que va mucho más allá de la seguridad

¿Es posible entender y enfrentar el narcotráfico como un fenómeno que no es necesariamente un problema de seguridad?

César Páez

Docente investigador de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales. Editor de Coordenadas Mundiales.

@capu73 | cesara.paez@uexternado.edu.co


Desde hace casi cuatro decenios, en Colombia se ha percibido y enfrentado el narcotráfico como un problema de seguridad1.

Esta percepción se originó en los años 80 del siglo pasado, cuando las organizaciones criminales que se dedicaban a esta actividad ilegal –los mal llamados “carteles”– empezaron a utilizar la violencia, no solo para resolver los conflictos que se generaban entre ellas, sino contra los agentes del Estado y la sociedad civil.

El asesinato del ministro de justicia Rodrigo Lara Bonilla en 1984 fue la declaración de guerra tácita –pero inequívoca– de las Organizaciones de Tráfico de Drogas (OTD) contra el Estado Colombiano. Desde entonces, han sido asesinados miles de militares, policías, fiscales y jueces, además de periodistas, líderes políticos y sociales, e incluso académicos.

Lo anterior sin contar los miles de víctimas de las ejecuciones extrajudiciales de civiles inermes, como los abominables “falsos positivos”.

Casi cuarenta años después, el Estado colombiano continúa luchando esta guerra: en la presentación de su Política Marco de Convivencia y Seguridad Ciudadana, el presidente Duque expresó tajantemente que “el tráfico urbano de estupefacientes concentrará los mayores esfuerzos del Estado”2. En el mismo documento, se señala el narcotráfico como un problema de seguridad ciudadana, es decir, una amenaza contra los derechos y libertades de las personas3.

El narcotráfico también ha sido percibido desde los años 80 como un tema de seguridad nacional, es decir, como una amenaza a la integridad del Estado, a la existencia misma de la nación y de sus valores fundamentales4.

Esta percepción se fortaleció con la participación directa e indirecta de las organizaciones guerrilleras —principalmente las FARC— en las actividades de producción y de exportación de drogas ilícitas. Los ingresos obtenidos del narcotráfico son desde los años 90 una de las fuentes principales de financiación de sus actividades en contra del Estado.

La tormentosa entrada al siglo XXI

Durante el gobierno de Andrés Pastrana se acuñó el término “narcoterrorismo” para referirse a la subversión. Gracias a esta combinación conceptual, se pudieron utilizar contra las guerrillas los recursos que Estados Unidos le ofrecía a Colombia para luchar con el narcotráfico.

El presidente Uribe intensificó el uso del término desde su llegada a la Casa De Nariño, aprovechando la doble coyuntura del fracaso del proceso de paz que su antecesor inició con las FARC y de la guerra contra el terrorismo que Estados Unidos libraba desde 2001. Esta estrategia le permitió al Estado colombiano seguir recibiendo recursos de cooperación de ese país y utilizarlos contra las guerrillas, en el desarrollo de su política de Seguridad Democrática.

El presidente Santos, a pesar de tener una visión mucho más liberal sobre las drogas ilícitas, continúo tratando el narcotráfico como un tema de seguridad, hasta el punto de haberle dado al tema un espacio protagónico en las negociaciones de paz con las FARC: fue el cuarto de los cinco puntos discutidos y acordados en la Habana5.

El propio presidente Duque —durante la Revisión Estratégica en Defensa y Seguridad 2020-2022— utilizó el término “narcoterrorismo” para designar una de las prioridades de su política de seguridad: “el 2021 tiene que ser al año de la victoria contra el crimen organizado y el delito y por la tranquilidad y la seguridad de los colombianos”6.

En una acción que combina la identificación del narcotráfico con el terrorismo y la militarización como estrategia para hacerles frente, el presidente Duque creó en febrero de este año el Comando contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales (CONAT). Esta fuerza élite, conformada por 7.000 efectivos del Ejército Nacional, tiene como misión principal “golpear, doblegar y someter a las organizaciones del narcotráfico y del terrorismo”7.

La securitización (sic)8

Como es lógico suponer, la violencia que por casi cuatro decenios se ha derivado del narcotráfico ha dejado una marca profunda en la sociedad colombiana, una herida abierta, que está aún lejos de cicatrizar.

De allí que a los colombianos nos resulte casi “natural” identificar cualquiera de las actividades relacionadas con este fenómeno como un problema de seguridad: desde el el pequeño cultivador de coca hasta la organización transnacional de tráfico de cocaína, pasando por el consumidor.

Sin embargo, un fenómeno —social o natural— no se convierte realmente en una amenaza sino hasta que lo etiquetamos como tal; es decir, somos nosotros, de manera colectiva en nuestras interacciones sociales, quienes “decidimos” identificar algo como una amenaza a nuestra seguridad, como algo que nos hace sentir coaccionados física, mental o psicológicamente.

En Colombia, señalamos como criminales a todas las personas que intervienen en estas actividades, agentes que atentan –directa o indirectamente– contra nuestra seguridad, contra nuestra existencia como individuos, como sociedad y hasta como país.

Dado que las medidas de seguridad que hemos tomado contra el narcotráfico parecen estar lejos de eliminarlo, tal vez es hora de utilizar otra mirada, que permita darle un diagnóstico diferente y un tratamiento más efectivo y menos costoso.

Dos teóricos de la llamada Escuela de Copenhague nos dan pistas sobre la posibilidad de hacer este cambio.

“Señalamos ciertas cosas como problemas de seguridad existencial”, explica Ole Wæver9. Por su parte, Barry Buzan señala la diferencia entre los factores que amenazan objetivamente la seguridad y las amenazas construidas socialmente: “la distancia entre las amenazas objetivas y las cosas que son realmente aceptadas como amenazas”10.

Estas dos ideas de Wæver y de Buzan, dos teóricos de la Escuela de Copenhague, hacen referencia a la llamada securitización (sic), el proceso en el que algunas personas –políticos y académicos, por ejemplo– actúan como agentes o actores “securitizadores” (sic), promoviendo las ideas que nos llevan a identificar algo como una amenaza.

En este proceso, los medios de comunicación tradicionales y las redes sociales actúan como cajas de resonancia.

Podemos deducir entonces que no todo lo que nos pone en peligro es identificado como una amenaza y no todo lo que identificamos como amenaza nos pone realmente en peligro.

La securitización (sic) nos lleva a suponer que un actor, un factor o un fenómeno pone en peligro nuestra propia existencia: como especie, el calentamiento global o una pandemia; como individuos, el homicidio o el feminicidio; como sociedad, el crimen; como país, otro país o una organización terrorista.

Enfrentarlo, por lo tanto, se convierte en una prioridad, en algo tan importante que es necesario hacer todo lo que sea posible para eliminarlo, debilitarlo o neutralizarlo.

En el repertorio de lo que estamos dispuestos a hacer para protegernos, están incluidas, por supuesto, las medidas extraordinarias.

¿Desecuritizar (sic) el narcotráfico en Colombia?

Dado que, desde hace casi cuarenta años hemos identificado el narcotráfico como una amenaza contra nuestra seguridad, asumimos esta identificación como “natural”. Pero no lo es: en Colombia “decidimos” en algún momento que el narcotráfico fuera un problema de seguridad. Valdría entonces la pena preguntarse ¿con qué racero medimos la amenaza del narcotráfico, con la identificación del campesino o del grupo transnacional?

Ahora bien, si la securitización (sic) es un “camino” de construcción social, eso quiere decir que podemos “recorrerlo” en la dirección opuesta, es decir, podemos deconstruirlo y ponernos de acuerdo para dejar de definir algo como una amenaza.

Realizar este cambio de enfoque es importante por varias razones; entre otras, porque la decisión de cuáles son las políticas que debemos priorizar y qué tantos recursos debemos dedicarles es el resultado de cuáles fenómenos, factores o incluso actores definamos como amenazas existenciales.

Como lo explica el institucionalismo —mediante el concepto de la dependencia del sendero— este tipo de cambios es difícil11.

Por ejemplo, incluso cuando discutimos cuáles deben ser las políticas para enfrentar el consumo de drogas ilícitas, seguimos utilizando argumentos de seguridad ciudadana o nacional: el consumo alimenta las finanzas de las organizaciones criminales —que amenazan a los ciudadanos— y de las organizaciones subversivas y terroristas —que amenazan el Estado—.

No obstante, cambiar nuestra mirada sobre el narcotráfico no solo es posible sino indispensable.

Entender y atender el consumo como un fenómeno social o psicológico, nos permitiría enfrentarlo con políticas educativas y sanitarias, que han demostrado ser menos costosas y más efectivas que la criminalización de la posesión y el consumo de estupefacientes.

Ver los cultivos de coca, amapola y marihuana como un fenómeno económico, nos permitiría reemplazar la estrategia de erradicación forzada —que ofrece resultados rápidos, pero genera costos políticos, sociales, sanitarios y ambientales muy negativos— por una de desarrollo rural integral —que tarda más en producir resultados, pero genera beneficios sostenibles en el largo plazo—.

Incluso podríamos considerar el consumo de drogas —no solo de marihuana, sino de algunas de las llamadas “duras”, como la cocaína— una decisión individual y definir cómo vamos a regular su producción y su venta.

Tal vez, después de casi cuarenta años de hacerle la guerra al narcotráfico, ha llegado el momento de que decidamos encontrarle una solución integral al fenómeno de las drogas.


1 En 1981 se creó el Servicio Especializado de la Policía de Control de Sustancias que Producen Adicción Física y Síquica. En 1986 se fusionó con el Servicio Aéreo de la Policía y se conformó la Dirección de Antinarcóticos. (Pico, Álvaro et al. Contribución del servicio de policía a la conformación del Estado-nación durante el conflicto armado en Colombia, de 1970 al año 2006. Aproximaciones desde los conceptos de globalización y glocalización. Revista Criminalidad, vol.60 no.1., págs. 59 a 78, Bogotá, 2018. Disponible en: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1794-31082018000100059)
2 Ministerio de Defensa Nacional. Política Marco de Convivencia y Seguridad Ciudadana, página 21. 2019. Disponible en: https://id.presidencia.gov.co/Documents/191220-Politica-Marco-Convivencia-Seguridad-Ciudadana.pdf, pág. 4
3 Ibídem, pág. 25
4 Acero, Hugo. Los gobiernos locales y la seguridad ciudadana. Fundación Seguridad y Democracia. Disponible en: https://pdba.georgetown.edu/Security/citizensecurity/Colombia/evaluaciones/gobiernoslocales.pdf, pág 175.
5 Presidencia de la República, Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Biblioteca del proceso de paz con las FARC-EP (Tomo IV). Bogotá, 2018. Disponible en: https://www.jep.gov.co/Sala-de-Prensa/Documents/tomo-4-proceso-paz-farc-drogas-ilicitas.pdf
6 El Tiempo. ‘El 2021 será el año de la victoria contra el narcoterrorismo’: Duque. 07 de febrero 2021. Disponible en: https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/el-2021-sera-el-ano-de-la-victoria-contra-el-narcoterrorismo-duque-565299
7 Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. Duque crea comando élite para golpear el narcotráfico. Fuerte Militar de Tolemaida, 2021. Disponible en: https://idm.presidencia.gov.co/prensa/duque-crea-comando-elite-para-golpear-el-narcotrafico-210226
8 Se trata de una traducción incorrecta del término inglés securitization.
9 OpenLearn from The Open University. Securitisation theory – International Relations (3/7). 2014. Disponible en: https://youtu.be/wQ07tWOzE_c
10 Wonderlandification. Dr. Barry Buzan discusses the concept of security. 2010. Disponible en: https://youtu.be/DIljrbRnfY4
11 “una rutina institucional que se reproduce en el tiempo, lo que significa que siempre se conservan sus rasgos fundamentales” Vergara, Rafael. Path dependence en el desarrollo histórico-institucional, políticoadministrativo y sectorial en Colombia (1960-2020). Justicia, 25(37), págs. 85-98. Universidad Simón Bolívar, 2020. Disponible en: https://doi.org/10.17081/just.25.37.3673


Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *