5 de octubre de 2021
Perú: entre los impostergables cambios y la gobernabilidad
El gobierno peruano actual está actuando de manera que pueda reducir algunas diferencias entre los más importantes actores políticos que, hasta hace algunos meses, aparecían como rivales irreconciliables en ese país sudamericano.
Aldo Miguel Olano Alor
Docente de relaciones internacionales de FIGRI e investigador del Observatorio de Análisis del Sistema Internacional (OASIS). Doctor en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador, y Maestro en Ciencia Política con énfasis en Política Comparada de los Países Andinos por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, también en Ecuador.
El presidente de Perú, Pedro Castillo, entra en su décima semana como gobernante y si en algo hay un claro consenso son las dificultades que ha tenido desde el inicio de su gestión, más aún cuando durante la última y áspera campaña electoral se tuvo en su contra un sinnúmero de acusaciones de todo tipo, de las cuales menciono la campaña y narrativa poselectoral del fraude. Pero bueno, sobreponiéndose a esos tempranos momentos de incertidumbre, el gobierno empieza a adquirir un cierto dinamismo en torno a dos ejes muy importantes para la gobernabilidad del país: la segunda reforma agraria y el irrestricto apoyo a la inversión privada nacional e internacional. Ambas políticas deben ser vistas como complementarias pues entre sus principios está que ninguna de las dos alentará la expropiación de bienes para alcanzar sus objetivos, y se ven como una opción para estabilizar el nuevo gobierno.
La segunda reforma agraria es un proyecto dirigido a financiar con recursos de Estado y por medio de la banca que posee, las actividades agropecuarias de 2,2 millones de trabajadores y trabajadoras dedicadas a estas actividades. Todos ellos se agrupan en formas de economía familiar campesina, comunidades nativas amazónicas y campesinas, cooperativas de campesinos, y muchas de ellas son producto del cambio en la propiedad de la tierra que realizó el gobierno militar reformista en octubre de 1969. Tres aspectos para destacar dentro de la reforma serían la puesta en marcha de proyectos dirigidos a la siembra y cosecha de agua, la creación del fondo para la mujer rural y la compra de productos locales para los programas sociales del Estado. De igual manera ha mostrado su disponibilidad de apoyar la elaboración de productos derivados de la coca.
Al mismo tiempo se ha relanzado una política exterior que, a mi modo de ver, buscará equilibrar las relaciones en la región manteniéndose cercano a instituciones tipo OEA y ONU, y fue en estos eventos donde se hizo el anuncio de respetar y fomentar la inversión privada, descartando cualquier posible expropiación o estatización de algún bien privado. Lo anterior no descarta la decisión ya tomada, de iniciar una renegociación sobre el uso y destino del gas procedente de los campos de Camisea, lo cual inclinarse por gas para las industrias o para los hogares, para el mercado local o el mercado internacional. Un dilema que puede resolverse teniendo en cuenta la normativa vigente y que requiere voluntad política de las partes.
Sobre esta política exterior es posible decir que el gobierno de Pedro Castillo ha mostrado una temprana vocación por acercarse más a opciones políticas e institucionales que no estén tan influenciadas por Estados Unidos. Prueba de esto último ha sido la participación en la VI cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, CELAC, evento que contó con el fuerte impulso del presidente mexicano Andrés López Obrador. Por ello es por lo que también aceptó el diálogo y las negociaciones entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición venezolana, como esa voluntad por encontrar de manera conjunta la salida política pacífica y democrática a la crisis de ese país.
Ante este escenario no se debe descartar el hecho de la fuerte oposición aún existente, parte importante de ella está en el congreso y en los medios de comunicación donde los analistas viven inmersos entre alarmistas afirmaciones que invocan la destitución presidencial, la censura de ministros o el cierre del congreso como potenciales escenarios en la resolución del conflicto entre ambos poderes del Estado. Por ello, desde que se posicionó el 28 de julio pasado, en aquellos sectores de la sociedad opuestos al mandato de un profesor rural, campesino, dirigente magisterial e integrante de la rondas campesinas, se hicieron aún más visibles una serie de discursos de odio ocultos, parte de ellos, bajo el manto del respeto a la absoluta e “irrestricta libertad de prensa” o respaldados por las credenciales académicas de quienes promueven aquellas salidas.
Tal como ha sucedido en distintos países con líderes y organizaciones similares, ha reaparecido ya no solo el endémico racismo del que sufre nuestro país, sino algo que puede resultar igualmente grave como es el clasismo de quien se cree superior por razones de distinto tipo, y que igual se ha venido utilizando para desacreditar a los integrantes del nuevo gobierno. Ya sea por su nivel de educación o acceso a medios desde los cuales se reproduce y alienta, de manera algo más sutil, claro está, la discriminación hacia quienes no han tenido la oportunidad de llegar a ciertas instituciones educativas o haber trabajado en entidades públicas o privadas que se consideran de prestigio. Por ejemplo, la banca multilateral.
Es cierto que el nuevo gobierno ha mostrado signos de impericia en el manejo del Estado, empezando por la disparidad de género en la conformación del gabinete o la visible falta de coordinación entre los que integran el ejecutivo. Al mismo tiempo, las relaciones con los dirigentes del partido ganador de las elecciones no han sido de lo más adecuadas, y de vez en cuando aparecen opiniones muy encontradas sobre lo que debe ser el accionar del presidente en la conducción del Estado.
Diríamos que, en medio de un escenario político de alta complejidad y múltiples escenarios sociales, muchos de ellos de potencial conflictividad, el gobierno está iniciando algunas políticas y manejando un tipo de discurso que permiten reducir algunas diferencias entre los más importantes actores políticos que, hasta hace algunos meses, aparecían como rivales irreconciliables. Ya para finalizar, retomo el título de este artículo, la importancia de pensar en la gobernabilidad con los cambios que han devenido en impostergables.